sábado, 22 de septiembre de 2007

Ordenan arresto domiciliario de militares


Estarán bajo vigilancia en la Base Naval 27 de Febrero. La audiencia continuará el próximo 5 de octubre


Por: Tomás Ventura

SANTO DOMINGO. El juez del Juzgado de la Instrucción del Consejo de Guerra Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Santiago García Fabián, dispuso el arresto domiciliario por tres meses en la Base Naval 27 de Febrero contra un capitán de corbeta y un cabo de la Marina de Guerra que supuestamente contrataron a un civil para dar muerte a un mayor del Ejército Nacional.
Asimismo, el magistrado rechazó la petición del Ministerio Público de prisión preventiva y la suspensión de funciones para los imputados, cuyos abogados anunciaron de inmediato que recurrirían la medida de arresto domiciliario.
También los letrados reiteraron su pedido para que sean escuchados en el tribunal los oficiales superiores que presuntamente autorizaron las investigaciones el mayor Jorán José Báez Fernández, quien habría sido amenazado.
Previamente, García Fabián había escuchado los testimonios de los imputados Anderson Antonio Rojas Agramonte (capitán de corbeta) y Wilkinson Novas Díaz (cabo), así como de Báez Fernández, en su calidad de parte acusadora.
Durante la audiencia fueron rechazados varios incidentes planteados por los abogados de la defensa, incluyendo una recusación al Ministerio Público en representación del teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), José Manuel Rosario Cruz.
Los abogados del capitán de corbeta, Ruddy Catalino y Fernando Furcal, junto a Pablo Montero, en representación del cabo, elevaron una recusación contra el juez argumentando parcialidad y falta de garantía de un juicio diáfano.
Entonces el magistrado otorgó un plazo de 15 minutos a los abogados para que revisaran el pedimento. Tras agotarse el tiempo y reanudada la audiencia, los defensores pidieron excusas al juez y aseguraron que hubo una mala interpretación.
El querellante
El mayor del Ejército Jorán Báez Fernández confirmó ante el tribunal que recibió informes sobre el supuesto plan que tenía el capitán de corbeta para asesinarlo y por cuya ejecución pagaría RD$500 mil.
Recalcó que fue comisionado para que investigara sobre quiénes estaban detrás de los constantes casos de contrabando de drogas, robos y extorsiones que según señaló se registraban en el AILA.
Aseguró que las autoridades de las FFAA, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el CESA estaban al tanto de la situación y que contaba con todo su apoyo.
Aludió que el capitán Rojas Agramonte encabezaba las actividades ilícitas que se desarrollaban en la terminal y advirtió que las pesquisas todavía se mantienen y que "aún quedan muchas cosas por saberse".
Los acusados
Tanto el capitán Rojas Agramonte como el cabo Novas Díaz negaron las imputaciones que se les atribuye y afirmaron que durante su carrera y hoja de servicio nunca se han visto involucrados en hechos deshonrosos.
"Al mayor que explique bien los motivos que yo tendría para atentar contra su vida, además que cómo yo haría algo así y mucho menos por vía telefónica, desde mi propio celular", dijo Rojas Agramonte.
La trama
En el juicio salió a relucir que supuestamente el capitán de corbeta contrató a Francisco Alberto Tejeda, a quien dio un adelanto de RD$60 mil para que asesinar al mayor del Ejército Nacional Báez Fernández. También que el cabo Jabis Alexis Frías fungió como agente encubierto en las investigaciones.

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